¿Qué pasó? La oficina de prensa del Poder Judicial informó este jueves que el juez de Instrucción Penal 2, Ariel Parrillis, le cedió la investigación por la desaparición de Guadalupe Belén Lucero a la Justicia Federal, con asiento en San Luis.

Además, destacaron que ya se envió la totalidad de los expedientes, actuaciones efectuadas y en trámite a la Fiscalía Federal, “para la prosecución de la causa, en donde ya se encuentran  tramitando la averiguación de los hechos”.

Comunicado. En el comunicado señalaron que con fecha 16 de septiembre de 2021 el fiscal general interino de la Nación, Eduardo Casal, dispuso la comisión de Agentes Fiscales para colaborar con la causa iniciada el 14 de junio, cuando la nena de cinco años desapareció mientras jugaba en la casa de su tía en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

Si bien la remisión fue dispuesta por Parrillis, se hizo de conformidad con los fiscales Ricardo Barbeito, Ricardo Esteban Roche y María Virginia Palacios, mientras que el traspaso de la causa caratulada “G.B.L.C. (DAM) -AV. PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y/O APROPIACION Y/O OTROS” se efectuó por el posible delito de tráfico de personas.

Fundamentos de la medida. La investigación continuará ahora su curso en el fuero federal, según indica el comunicado “para evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera”.

Sobre Guadalupe. A pocos días de cumplirse seis meses de la desaparición de Guadalupe, la investigación no ha arrojado resultados positivos sobre lo que sucedió el 14 de junio con la nena de 5 años. Frente a esto, Yamila Cialone y Eric Lucero, padres de la niña, exigen todos los días a las autoridades provinciales que se profundice la búsqueda para dar con el paradero de su hija.

La investigación judicial

La oficina de prensa del Poder Judicial también detalló este jueves cuáles fueron las medidas más importantes que se concretaron hasta ahora en la causa cuyo expediente ya cuenta con más de 80 cuerpos:

-Se desarrollaron más de 180 líneas de investigación tanto en San Luis como en otras provincias que surgieron a partir de 185 denuncias recibidas a través de líneas telefónicas y declaraciones de personas.

-Los datos surgieron de las Líneas 134 “Alerta Sofía”, 145 “Programa Buscar”, Missing Children, Sistema de Emergencia 911, Agencia de Monitoreo y Sistema Federal de Búsqueda de Personas.

-Las declaraciones se recibieron en Fiscalías y sedes policiales de todo el país y las denuncias en calidad de “corroborables” fueron investigadas por la Policía Federal y Policía de la Provincia de San Luis.

-Se registraron más de 900 declaraciones y 465 allanamientos.

-Peritajes de Tecnología: se secuestraron y peritaron más de 100 celulares y se analizaron más de 150 dispositivos electrónicos portátiles (celulares, Tablet, notebook, pendrive) a través del programa PATHFINDER que permite procesar interceptaciones telefónicas a través del “barrido” de antenas de telefonía celular.

-También se solicitó información a Google LLC en relación a los dispositivos que se encontraban en un rango horario y de distancia determinados en el punto cero de la desaparición.

-Bomberos de la Policía de San Luis y Prefectura Naval de la Armada Argentina rastrillaron 18 lagos y perilagos provinciales. La investigación se realizó con ayuda de canes con especialidad en búsqueda de restos humanos, georradares y un vehículo operado a distancia por control remoto (ROV). Se rastrillaron un total de 1.500 sectores incluyendo domicilios.

–Análisis de cámaras de seguridad: Se estudiaron 3.000 horas de captaciones fílmicas de 113 cámaras de la zona, públicas y privadas. El análisis se realizó mediante la tecnología BRIEFCAM que permite sintetizar registros fílmicos.

–Se efectuó lectura de patentes sobre ruta y análisis genéticos sobre muestras biológicas (ADN), banco genético de ADN y declaraciones en Cámara Gesell.

-Se solicitó la colaboración de autoridades judiciales de Estados Unidos a través del Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos y requerimientos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) con el objeto de obtener imágenes satelitales.

-Las Fiscalías de Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Salta realizaron allanamientos en dichos territorios, y constataron denuncias telefónicas y por redes sociales en Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Jujuy.

-La República de Chile intervino a través de Gendarmería Nacional, por medio de la oficina de enlace ante Carabineros de Chile para realizar investigaciones en la Comuna de Rancagua (población Diego Portales) y en La Pintada, ciudad de Santiago de Chile.

Con prensa Poder Judicial San Luis.