En ese escenario, Inquilinos Agrupados advirtió que desde el primero de abril “las familias endeudadas quedarán en la calle y habrá juicios de embargos a mansalva”.
A finales de enero la administración de Alberto Fernández había oficializado la extensión del congelamiento de alquileres, la suspensión de desalojos y la prórroga del plazo de vigencia de los contratos con vencimiento a fin de mes, mediante el decreto 66/2021.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat confirmaron a la agencia NA que no se renovará el DNU, dado que en su lugar “se trabajará con las herramientas que generó la nueva ley de alquileres”.
Aclararon de ese modo que los desalojos deben pasar por una mediación con el Ministerio de Justicia, en línea con lo dispuesto en la norma.
La nueva ley también extiende los contratos de dos a tres años, estipula una actualización del valor anual y ya no semestral y establece que el incremento debe hacerse con la referencia de las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de salarios.
Según el último informe dado a conocer por la Federación de Inquilinos Nacional, unos 300.000 hogares tienen deudas en las cuotas desde que comenzó la pandemia.
A su vez, el sondeo indicó que el 80% de las personas consultadas afirmó estar endeudada para pagar el alquiler.
Se trata del índice más elevado desde que llegó el coronavirus, señaló el informe que además sostuvo que un 40,4% no tiene certezas de dónde va a vivir en los próximos meses.
Semanas atrás, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCI) recomendó al Gobierno que no prorrogara el decreto y a cambio planteó una curiosa iniciativa, el lanzamiento de una tarjeta similar a la del plan “AlimentAR”.
“Proponemos que los inquilinos con necesidades para abonar el alquiler puedan ser asistidos por el Estado Nacional a través de una ´tarjeta AlquilAR´, de la misma manera que hace con las familias en sus necesidades alimenticias a través de distintos programas, como por ejemplo la tarjeta AlimentAR”, sugirió la entidad.
Subrayó que la “iniciativa podría ayudar de manera específica a cada inquilino en situación vulnerable, sin perjuicio de distorsiones en todo el sistema de alquileres”.
En el comunicado, titulado “Los inmobiliarios de Argentina somos parte de la solución”, el CoFeCI presentó una serie de “propuestas reales para promover la normalización del mercado de alquileres”, elaboradas en el marco de un plenario llevado adelante en Rosario, Santa Fe.
