Por las nuevas restricciones que entraron en vigencia este lunes en toda la provincia de San Luis, el sector económico local solicitó medidas de acompañamiento para hacerle frente la grave crisis económica que están atravesando.
Desde abril último, comerciantes y emprendedores están viviendo momentos de mucha tensión económica debido a las restricciones impuestas, ahora advierten que la situación podría agravarse tras las nuevas medidas que limitan aún más la circulación, la compra y adquisición de productos y servicios.
“En relación a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Provincial y la decisión de autorizar las salidas para la compra de bienes y/o servicios según la terminación del Documento Nacional de Identidad, desde la Cámara Regional CESIT manifestamos nuestra disconformidad y desaprobamos la medida con fundamento en un exceso de las facultades del Ejecutivo Provincial que atenta contra derechos amparados por la Constitución Nacional“, comunicaron en un documento.
“Casi el 70% de las empresas aún registra ventas por debajo de los niveles de prepandemia y esta decisión no hace más que intensificar la crisis en la que nos encontramos inmersos desde mediados de marzo de 2020″, advirtieron desde el sector.
En el comunicado, afirmaron entender “que el derecho a la salud es superior al derecho a transitar libremente, sin embargo y ha sido comprobado que la restricción afecta la propia condición gregaria del ser humano“. Así mismo, sostuvieron que la imposición de las restricciones “trae consecuencias directas sobre la salud mental, física y espiritual de las personas y conlleva un impedimento al derecho de trabajar y ejercer una industria licita que pone en riesgo la continuidad laboral de propietarios y empleados”.
“Es necesario considerar el contexto en el que tales medidas son adoptadas y no generalizarlas”, puntualizaron.
En el contundente texto que se hizo público CESIT, se indica además que: “la impericia gubernamental o la irresponsabilidad social individual, no puede ni debe ser sostenida por el sector productivo. En este sentido, exigimos la elaboración de políticas planificadas que cuenten con el consenso social y la participación ciudadana pero fundamentalmente por quienes nos vemos afectados de manera directa.
Finalmente, en la nota que lleva la firma de Silvia Spasandin, secretaría de CESIST, y de su presidenta Elizabeth Díaz, solicitaron al Gobierno provincial “una muestra de esfuerzo compartido, por ello reiteramos nuestro pedido de suspensión temporaria del pago de tributos nacionales, provinciales, municipales y suspensión del cobro de penalidades e intereses moratorios en los servicios públicos por el tiempo que duren las restricciones”.
