Entre el 15 y 16 de julio, Bogotá, la capital de Colombia, fue escenario de una conferencia que tuvo el objetivo de establecer acciones multilaterales frente a los crímenes internacionales. En el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, más de 30 países participaron en la Conferencia de Emergencia sobre Gaza, organizada por el Grupo de La Haya, una iniciativa que busca responder con acciones a la ofensiva militar en Franja de Gaza, por parte de Israel.
El evento fue liderado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro de Justicia de Sudáfrica, Ronald Lamola, ambos copresidentes del grupo de naciones. Junto a ellos, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció la parálisis de la comunidad internacional frente a lo que describió como crímenes atroces. La relatora subrayó que es hora de “pasar de la condena a la acción”.
Al cierre del encuentro, doce países (Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica) anunciaron un compromiso conjunto para adoptar medidas inmediatas contra Israel. Los gobiernos firmantes sostienen que los ataques en Gaza constituyen un “genocidio” y que la ocupación de Palestina viola de forma sistemática el Derecho Internacional.
Esta postura se basa en la Opinión Consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 19 de julio de 2024, que reafirma la ilegalidad de la ocupación israelí y exhorta a los Estados a no contribuir a esa situación. La CIJ también dejó abierta la posibilidad de que los países activen sus propios marcos legales para establecer sanciones y actuar judicialmente contra los responsables.
Las seis medidas que marcan un punto de quiebre
Los países firmantes anunciaron que aplicarán, en sus respectivos marcos legales, los siguientes pasos concretos:
- Embargo total de armas y equipos militares a Israel para impedir que estos recursos sean utilizados en violaciones al derecho humanitario.
- Prohibición del tránsito y servicios portuarios a buques que transporten armamento o insumos militares con destino a Israel.
- Restricción al uso de pabellón nacional en embarcaciones que participen en el comercio bélico hacia Israel, incluyendo sanciones como el desabanderamiento.
- Revisión urgente de contratos públicos, especialmente aquellos que puedan, directa o indirectamente, contribuir a la ocupación de Palestina.
- Impulso a investigaciones judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
- Aplicación de la jurisdicción universal, donde sea jurídicamente viable, para procesar a los responsables de crímenes cometidos en los territorios ocupados.
Del multilateralismo retórico a la acción colectiva
Con este anuncio, los doce países buscan marcar un cambio de paradigma: romper con el multilateralismo retórico que hasta ahora ha caracterizado la respuesta internacional a la crisis palestina. Como señala la declaración final, se trata de una “respuesta colectiva para defender los principios fundacionales del Derecho Internacional”.
En ese marco, la conferencia no solo se limitó a denunciar, sino que puso en marcha mecanismos legales y diplomáticos concretos. Los organizadores indicaron que esta es solo la primera fase de una agenda que continuará desarrollándose en foros multilaterales, tribunales internacionales y espacios bilaterales.
