Ubicado en Juana Koslay, a solo nueve kilómetros de la capital puntana, el Bosque Vulpiani se conforma por un área verde de alto valor ambiental, cultural e histórico. Allí se encuentra el histórico Acueducto Vulpiani, una imponente infraestructura hídrica de estilo romano construida en el siglo XIX que abasteció de agua a la ciudad de San Luis.
Pese a que la zona también está clasificada como amarilla y roja según el Ordenamiento Territorial de la Ley Nacional de Bosques N.º 26.331, la cual prohíbe los desmontes y limita el uso del suelo a actividades sustentables, en abril de 2023, el gobierno provincial anunció un mega emprendimiento urbanístico de más de $1.800 millones en el lugar, unos USD 3.600.000 en abril de 2023.
El “Parque Acueducto Vulpiani” contemplaba edificios administrativos, calles, locales comerciales, un teatro al aire libre y senderos por el monte nativo. La obra fue declarada de “interés público” por decreto e impulsada sin un estudio de impacto ambiental válido, ni audiencia pública, incumpliendo lo establecido por la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú.
El día que los motores se encendieron
El 2 de mayo de 2023, vecinos de la zona que se reunían de manera recurrente para caminatas ecológicas en el lugar, se encontraron con las primeras máquinas desmontando dos árboles históricos del Vulpiani. Un suceso que despertó la reacción ciudadana: a partir de ese momento se conformó la Asamblea en Defensa del Bosque Vulpiani.
Un grupo de residentes de la zona, ambientalistas, académicos y científicos se unieron y empezaron a realizar actividades todas las semanas para habitar el lugar y evitar el avance de las máquinas.
“Me acuerdo que pase en bicicleta y ví el cartel que anunciaba la obra. Le saque foto y se la envíe a amistades del palo, con quienes participamos de limpiezas de lugares naturales. Entonces decidimos que la próxima limpieza tenía que ser en el Vulpiani. Ahí nos conocimos entre vecinos y decidimos que este lugar había que conocerlo a fondo” recuerda Ayelen Rodríguez, vecina de Juana Koslay e integrante de la Asamblea, en diálogo con Nox News.
“Este lugar es de la gente. Es importante porque es el único parche verde que queda en Juana Koslay, a pesar de que en algún momento se llamó la ciudad verde”, agrega la vecina.
Acampar en el Vulpiani para resistir
Casi un mes después del primer rugir de los motores de las máquinas, y ante el reclamo ciudadano para que se detenga la obra, el 3 de julio los asambleístas dieron inicio a una ocupación pacífica y permanente; un acampe que tuvo el objetivo de frente al avance del proyecto.
Marisa Puente, ingeniera agrónoma y vecina del lugar rememora en Nox News esos días: “Era hermoso ver cómo tantas personas se sumaban para defender la vida. Pero también dolía saber que debíamos acampar para ser escuchados”.
Juan Quiroga, otro integrante de la Asamblea también rememora esas noches de resistencia: “Lo que nos unió fue la voluntad de estar en contra de la obra y a favor de conservar el lugar y así fue que de a poco comenzó la organización del lugar”.
Durante semanas, la Asamblea sostuvo actividades educativas, culturales y de visibilización, mientras se organizaban en comisiones legales y de comunicación. Recolectaron basura, relevaron la flora y fauna del lugar, y presentaron objeciones al Estudio de Impacto Ambiental que, al principio, el gobierno de San Luis no había hecho público.
Hostigamiento, denuncias y una orden de desalojo frustrada
El conflicto escaló rápidamente. Desde algunos medios de comunicación se deslegitimó el reclamo, y tildaron a las personas de la Asamblea como “usurpadores”. La empresa a cargo, SERVING SRL, denunció penalmente a los activistas y la fiscalía N°4 a cargo de María del Valle Durán, solicitó el desalojo.
La Policía rodeó el bosque el 4 de julio y durante días se mantuvieron con amenazas de intervenir y forzar el desalojo. Juan cuenta que decidieron habitar el lugar hasta obtener respuestas a sus pedidos de información tras detectar las irregularidades en los procedimientos e informes.
El 6 de julio, el juez Marcos Flores Leyes rechazó el pedido de desalojo; en cambio, instó a mejorar la implementación de la “Ley Yolanda” y alegó que las futuras generaciones también tienen derecho de disfrutar de ese “pulmón verde”.
Tras los ataques, la Asamblea no se debilitó, por el contrario, la sociedad de San Luis empezó a abrazar la causa: llegaron donaciones, visitas de organizaciones, talleres y espacios comunitarios.
“Fue clave el apoyo de una gran parte de la comunidad durante el acampe. Mucha gente se acercó, desde señoras que acercaron comida hasta donaron dinero para la causa”, comenta Juan.
La voz de los expertos
Desde el punto de vista técnico, un informe del Programa Interdisciplinario de Territorio, Sociedad y Ambiente (PITSA) de la Universidad Nacional de San Luis cuestionó duramente el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa SERVING S.R.L.
El PISTA señaló omisiones graves como la falta de análisis del sistema de cuenca, la subestimación de la pérdida de cobertura vegetal y el impacto sobre especies nativas. También advirtió que la obra favorecía la proliferación de especies exóticas invasoras, agravaba la pérdida de biodiversidad y fragmentaba el ecosistema del bosque.
El coordinador general del PITSA y docente de la UNSL, Antonio Mangione, recuerda en Nox News que fueron convocados a través de la figura de “asesoramiento y acompañamiento” que brinda el programa. A partir de esto, comenzaron a trabajar en las preguntas y necesidades que tenían desde la Asamblea, realizando las evaluaciones.
Al consultarle sobre porqué se planteó la necesidad de defender este bosque nativo, Magione respondió: “porque existe, está, porque es tan hermoso como los lugares que pensamos en la mente y cualquier persona que lo recorre, lo habita puede reconocer esa hermosura, ese placer de estar en un lugar tan agradable”.
Además, remarcó que “las obras que buscan transformar espacios naturales, deben demostrar que no tendrán repercusiones negativas sobre el ambiente natural y que hay pocas situaciones de fuerza mayor en donde me parecería necesario talar árboles, en especial tratándose de espacios verdes como el Vulpiani”.
Una victoria sin precedentes
El 9 de agosto de 2023, la jueza Silvia Fernández Paz, del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N.º 5, resolvió suspender por tres años las obras del Parque Acueducto Vulpiani y prohibió cualquier acción que atente contra los derechos de quienes acampan en el lugar.
Además, el fallo exhortó al Estado puntano a garantizar el derecho a la protesta y a cumplir con la Ley Yolanda en los procesos administrativos vinculados al ambiente. Dicha ley fue sancionada en 2020, y establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los empleados y funcionarios del Estado.
El objetivo de la normativa es garantizar una formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible, para quienes trabajan en la función pública.
Sin embrago, tras la decisión de la justicia, el trabajo de la Asamblea no se detuvo. Ahora buscan declarar al Bosque Vulpiani como Reserva Natural, un proyecto técnico y legal trabajado en conjunto por la Asamblea y el PITSA.
2025: el avance irregular no se detiene
Aunque el proyecto original sigue paralizado, en marzo de este año los ambientalistas denunciaron un nuevo desmonte en un espacio cercano al Salto de la Salamanca; el cual es parte del río que cruza y conforma al Vulpiani.
La Secretaría de Ambiente de San Luis confirmó que fue una tala ilegal de 3.700 metros cuadrados, sin autorización, que arrasó con árboles de más de un siglo de antigüedad.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución recomendando declarar el Vulpiani como Área Natural Protegida. Pero la Secretaría de Ambiente respondió que dicha decisión no depende solo de ellos y que debe trabajarse “de manera colectiva”.
Mientras tanto, la protección efectiva del bosque solo se sostiene con la fuerza voluntaria y popular de los integrantes de la Asamblea. En esta línea, Mangione concluye que “tiene que haber más mecanismos de participación democrática, conocida como la participación ciudadana, y deben estar vinculadas las tomas de decisiones de la ciudadanía con la toma de decisión gubernamental”, y agrega que “el gobierno debe bajar y escuchar el reclamo de la ciudadanía, que cambia con días y situaciones determinadas”.
Por Naomi Calabrese Cunti y Tomás Karake.
