¿Qué pasó? El gobierno de Javier Milei reglamentó que si el Estado no responde a un trámite en un plazo de 60 días, se interpretará automáticamente como una aprobación.

Punto importante. Esta medida podría facilitar la transferencia de terrenos y otros activos públicos a manos privadas sin la supervisión adecuada.

Tené en cuenta. La falta de un control estatal activo en estas decisiones muestra una falta de interés por parte del Estado para garantizar la protección del patrimonio público, teniendo en cuenta que el silencio puede ser interpretado como consentimiento.