¿Qué pasó? La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, conocida como Ley Olimpia.

Punto importante. Con esta normativa, se apunta a la prevención, asistencia y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de los delitos de violencia sexual a través de medios digitales, como la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

Atenti. El proyecto presentado originalmente por la diputada Mónica Macha (FdT) fue impulsado por la propia activista y sobreviviente de violencia digital mexicana Olimpia Coral Melo, que estuvo la semana pasada en Argentina y participó de la sesión en el Senado que dio su aprobación, junto a sobrevivientes argentinas de violencia en entornos digitales.

Declaraciones. Macha explicó que la Ley Olimpia “se complementa” con la Ley Belén: “La Ley Olimpia apunta a todas las instancias de prevención, de asistencia y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital, mientras que, la Ley Belén lo que busca es la incorporación de la violencia digital como delito en el Código Penal, de modo que se pueda sancionar a aquellas personas que difunden material íntimo sin consentimiento”.

Ley Olimpia.

• Se define a la violencia digital como “aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real, simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual”.
• La iniciativa establece que exista una línea telefónica y digital gratuita y accesible, planteada desde el Estado nacional pero articulada con las provincias, para que las víctimas puedan acceder a contención, información y asesoramiento sobre recursos en materia de prevención y asistencia a quienes la padecen.
• También se plantea la obligación de promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y de identificación de las violencias digitales en las clases de ESI y formación docente.