El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), y la iniciativa, que ya había sido incluida en la primera versión de la Ley Bases y luego retirada, apunta a introducir cambios de fondo en el modelo vigente: ampliar las internaciones involuntarias, habilitar nuevamente instituciones especializadas y otorgar mayor poder a los jueces en decisiones que hoy recaen en equipos interdisciplinarios.
La discusión llega en un contexto marcado por el deterioro sostenido de la salud mental en Argentina, con un sistema bajo presión, dificultades de acceso y cifras alarmantes en materia de suicidio.
Qué quiere cambiar el Gobierno
Según lo presentado por el Poder Ejecutivo, el nuevo proyecto retomará varios de los puntos que habían sido planteados originalmente en la Ley de Bases, pero ahora con un desarrollo más amplio que busca, según el Ejecutivo, “modernizar” la normativa vigente y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias. En la legislación actual, este tipo de decisiones sólo pueden tomarse cuando existe un “riesgo cierto e inminente” para la persona o terceros y deben ser evaluadas por equipos interdisciplinarios de salud. La reforma propone sustituir ese criterio por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”.
La reforma, además, redefine el rol del sistema judicial. Los jueces deberán ser notificados dentro de las primeras 24 horas de cualquier internación involuntaria y contarán con un plazo de hasta tres días para autorizarla, rechazarla o solicitar información adicional. Como novedad, el proyecto habilita a la Justicia a ordenar internaciones de oficio cuando considere que se cumplen los requisitos legales, incluso si el sistema de salud no las hubiera dispuesto.
La médica psiquiatra y ex diputada provincial de Mendoza, Nidia Martin, explica a Nox News, que “el gobierno plantea el proyecto para modificar la ley de salud mental vigente centrándose en facilitar las internaciones involuntarias, dándole a los jueces la capacidad de autorizar directamente internaciones, siendo que la ley vigente exige que esta decisión sea tomada por un equipo de salud interdisciplinario”.
En cuanto a los equipos de salud, el proyecto establece la obligatoriedad de que al menos uno de los profesionales intervinientes sea médico psiquiatra en las evaluaciones, dictámenes de internación y conducción de los servicios. Aunque se mantiene el carácter interdisciplinario, se refuerza el peso del criterio médico.
De manera excepcional, la iniciativa también habilita que un solo profesional pueda indicar una internación de urgencia cuando no haya otros disponibles, con la obligación de que la medida sea ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo menor a 24 horas.
Otro de los ejes es la reorganización del sistema asistencial. La propuesta reconoce explícitamente a los hospitales especializados en salud mental y a las clínicas privadas como parte central de la red de atención, al tiempo que establece que no podrán rechazar pacientes por el solo hecho de presentar afecciones de salud mental.
El diagnóstico oficial también pone el foco en las desigualdades territoriales. A 15 años de la sanción de la ley, solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente al marco normativo. Además, apenas 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas para internación, lo que genera fuertes diferencias en el acceso a la atención.
Sin embargo, Martini advierte que el enfoque implica un cambio profundo en la lógica del sistema: “Esta mirada tiende a darle nuevamente al modelo médico-hegemónico una supremacía sobre la mirada interdisciplinaria, comunitaria y más cercana a la gente”.
Además, la especialista advierte que la reforma “podría interferir en los derechos de los pacientes con un retroceso en su protección al facilitar las internaciones por orden judicial o ampliar los criterios para hacerlas sin consentimiento”.
Qué dice la ley vigente y por qué genera debate
La actual Ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010, introdujo un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental en Argentina. Su eje central es el enfoque de derechos: prioriza tratamientos en entornos comunitarios, promueve la inclusión social y limita las internaciones a situaciones excepcionales.
Entre sus principales lineamientos, la norma establece que las internaciones deben realizarse preferentemente en hospitales generales, desalienta la creación de instituciones monovalentes (hospitales neuropsiquiátricos) y promueve equipos interdisciplinarios para la toma de decisiones clínicas.
El objetivo de fondo es evitar la cronificación de pacientes en instituciones cerradas y avanzar hacia un modelo de atención más integrado en la comunidad.
Sin embargo, a más de una década de su sanción, distintos sectores coinciden en que su implementación fue parcial.
“El objetivo de desmanicomialización y apertura de nuevos dispositivos (…), no fue cumplido”, señala Martini.
Uno de los principales problemas es el financiamiento. La ley establece que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental, pero en la práctica ese porcentaje se ubicó por debajo del 3%.
Además, los recursos disponibles no siempre se orientaron al desarrollo de dispositivos comunitarios, lo que limita el alcance del modelo previsto por la normativa.
La reforma: más poder judicial y regreso a instituciones especializadas
El eje de las internaciones involuntarias concentra gran parte de la discusión actual. Para algunos sectores, ampliar estas herramientas permitiría actuar más rápido en situaciones de crisis. Para otros, implica un riesgo en términos de derechos.
“En la práctica las internaciones involuntarias en la propuesta actual le da más potestad a la justicia que a los equipos interdisciplinarios. Si bien las internaciones pueden ayudar a prevenir situaciones más graves, existe el riesgo de avasallar algunos derechos”, advierte Martini.
La discusión no es nueva, pero se vuelve central en un contexto donde crecen los episodios críticos y la demanda de intervención.
Hospitales especializados: una discusión que vuelve
Otro de los puntos en debate es la posibilidad de habilitar nuevamente instituciones monovalentes.
Quienes apoyan la medida propuesta por el gobierno de Javier Milei, sostienen que permitiría mejorar la capacidad de atención en casos complejos. En cambio, quienes defienden el modelo actual advierten que ese tipo de instituciones históricamente fueron señaladas por vulneraciones de derechos.
Martini resume esa tensión: por un lado, hay quienes consideran que “las instituciones monovalentes brindan más seguridad y contención”; por otro, se plantea que el problema no es la especialización sino el formato de encierro, proponiendo en su lugar una red de dispositivos intermedios, como casas de medio camino o centros comunitarios.
¿El problema es la ley o su aplicación?
Más allá del debate sobre la reforma, una de las preguntas centrales es si la normativa vigente falló en su diseño o en su implementación.
“El problema es más bien de implementación de la ley. Es considerada como avanzada por su enfoque de derechos y mirada interdisciplinaria”, explica Martini.
En ese sentido, señala que las principales dificultades están vinculadas al desfinanciamiento, la falta de dispositivos intermedios y las limitaciones del sistema para adaptarse territorialmente.
También menciona problemas estructurales, como la dificultad para definir situaciones de “riesgo cierto e inminente” y la falta de formación específica en ámbitos clave como salud y justicia.
Un sistema tensionado: más demanda, menos respuesta
El crecimiento de la demanda no encuentra un correlato en la capacidad de respuesta del sistema de salud.
En el sector público, los tiempos de espera se estiran y el acceso se vuelve cada vez más difícil. Martini describe un escenario en el que los turnos pueden demorar meses y donde el sistema recibe, además, a pacientes que abandonan la atención privada por motivos económicos.
“Estamos frente a una crisis de salud mental, con un aumento en la demanda de atención que excede la respuesta”, sostiene.
A ese cuadro se suma un conjunto de factores que profundizan el deterioro: el estrés post pandemia, el impacto de las pérdidas, la fragmentación social y el aumento del costo de los tratamientos.
El encarecimiento de los medicamentos, en particular, aparece como un elemento crítico, ya que interrumpe tratamientos y agrava cuadros que requieren continuidad.
El resultado es un sistema que no solo está saturado, sino que además pierde capacidad de prevención. “Todo esto genera retroceso en los derechos y en la calidad del acceso a la atención en salud mental”, advierte la especialista.
Una crisis que excede la ley
El debate sobre la reforma se da en un contexto más amplio: un deterioro sostenido de la salud mental en la población.
“La salud mental atraviesa una crisis colectiva profunda, caracterizada por malestar psicológico que tiene que ver con la incertidumbre económica y social”, sostiene Martini.
Según datos de la UBA citados por la especialista, alrededor del 30% de la población presenta síntomas como insomnio, irritabilidad o desesperanza. A esto se suma un aumento de la demanda en el sistema público, que en muchos casos no logra responder.
“Estamos frente a una crisis de salud mental, con espera de turnos que supera los dos o tres meses en algunos casos”, advierte.
El impacto es particularmente fuerte en jóvenes, donde confluyen factores económicos, sociales y culturales: incertidumbre sobre el futuro, hiperconectividad, consumo problemático de sustancias y secuelas de la pandemia.
Los números del suicidio en Argentina
Argentina registra más de 4.000 muertes por año, con una tasa cercana a 9,8 cada 100.000 habitantes. A esto se suma un número significativamente mayor de intentos, lo que da cuenta de la magnitud del problema.
“El aumento sostenido de los suicidios y de los intentos de suicidio es un fenómeno complejo y multicausal con dimensiones sociales, económicas y psicológicas”, explica Martini.
Los datos muestran, además, una distribución desigual. Mientras las mujeres presentan mayor cantidad de intentos, los varones concentran la mayor cantidad de muertes por suicido, en gran parte por el uso de métodos más letales.
Otro dato clave es la relación entre intentos y suicidios consumados: “Por cada suicidio consumado se notifican 17 intentos no fatales”, señala la especialista.
Jóvenes en el centro de la crisis
El deterioro de la salud mental no impacta de manera homogénea. Los jóvenes aparecen como uno de los grupos más afectados.
La combinación de factores es amplia: incertidumbre económica, dificultades para proyectar el futuro, transformaciones en los vínculos sociales y una fuerte exposición al entorno digital.
En ese marco, Martini dice que existe “un impacto marcado en jóvenes y adolescentes”, en un contexto donde la ansiedad, la depresión y el consumo problemático de sustancias muestran un crecimiento sostenido.
La hiperconectividad, lejos de ser solo un canal de socialización, también se vincula con nuevas formas de malestar: trastornos del sueño, comparación constante, sobreexposición y situaciones de violencia digital.
San Luis: una de las provincias más afectadas
A nivel provincial, el panorama adquiere una dimensión particular. San Luis se ubica entre las jurisdicciones con mayor tasa de suicidio del país.
Según datos del sistema estadístico provincial, entre 2017 y 2022 se registraron 348 suicidios. El pico se dio en 2019 con 75 casos, seguido de una baja en 2020 (62) y una relativa estabilidad hasta 2022 (55).
La mayoría de los casos se concentra en jóvenes y adultos jóvenes de entre 15 y 34 años, con predominio del sexo masculino. En adolescentes, se registraron aumentos significativos en determinados años, lo que refuerza la preocupación sobre las edades tempranas.
En cuanto a las modalidades, el ahorcamiento es el método más frecuente, seguido por el uso de armas de fuego, que en la provincia tiene mayor peso relativo que en otras jurisdicciones.
Los datos también muestran que la mayoría de los hechos ocurren en domicilios particulares, aunque San Luis presenta una proporción relevante en la vía pública. Territorialmente, Zanjitas y Villa Mercedes concentran los mayores registros.
Un debate que excede la ley
La discusión sobre la reforma también se inscribe en un cambio más amplio en la política sanitaria del país.
Argentina votó en contra de una declaración de la ONU que promovía la integración de políticas de salud mental a nivel global, alineándose con Estados Unidos y quedando en minoría frente al resto de la comunidad internacional.
A esto se suma la decisión del Gobierno de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una señal de distanciamiento de los marcos internacionales en materia de salud pública.
El trasfondo es un cambio de enfoque: mientras los organismos internacionales promueven políticas integrales, comunitarias y basadas en derechos, la propuesta oficial apunta a reforzar herramientas de intervención más inmediatas, con mayor peso del sistema judicial y médico.
Qué está en juego
La reforma de la Ley de Salud Mental va más allá de una discusión técnica. Lo que está en juego es el modelo de abordaje del sufrimiento psíquico en la Argentina.
De un lado, la necesidad de dar respuestas rápidas frente a situaciones críticas. Del otro, el riesgo de retroceder en términos de derechos y de volver a esquemas centrados en la institucionalización.
En el medio, un sistema de salud tensionado, una crisis social que impacta de lleno en la salud mental y cifras que muestran una problemática en crecimiento.
Como advierte Martini, el fenómeno no puede leerse de manera aislada: “La problemática es multicausal: la inestabilidad económica, la desesperanza, la falta de recursos y respuesta eficaz para el acceso en la atención” influyen.
Achicar distancias para ampliar la igualdad y los derechos
