En el informe difundido por la organización de derechos humanos se consignó “la falta de disponibilidad de servicios suficientes para garantizar el acceso al aborto legal, ausencia de información en centros de salud y en el espacio público sobre dónde y cómo acceder a la práctica, violaciones sistemáticas a la confidencialidad médica y desconocimiento sobre el alcance legal de la objeción de conciencia”.
Este relevamiento tuvo como eje los testimonios de mujeres catamarqueñas que dieron cuenta que, “por la falta de información y el temor a la exposición”, no logran acceder a la práctica o exponen su vida y salud para hacerlo.
El equipo de Amnistía Internacional Argentina (AIAR) se trasladó al departamento de Andalgalá, donde constató que “no hay centros de salud públicos ni privados que garanticen el acceso a la práctica, como así tampoco información sobre dónde se podría acceder”.
En este sentido, remarcó que las mujeres y personas con capacidad de gestar deben recorrer “cerca de 100 kilómetros para llegar al centro de atención primaria de la salud más cercano que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo y 185 kilómetros cuando requieren internación”.
“En una zona montañosa, llegar al único hospital garante de la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE e ILE) implica un viaje de tres horas y media, lo que aumenta el riesgo en la salud de las pacientes”, detalló el comunicado.
El equipo tomó también testimonios a autoridades y trabajadores de la salud que aseguran que “el sector privado deniega el acceso a la IVE e incumple la ley”, por lo que el organismo presentó un pedido de acceso a la información pública ante la Obra Social de Empleados públicos de Catamarca (OSEP).
Finalmente, Amnistía Internacional destacó el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil como una pieza clave en el trabajo para la implementación de la ley.
