El litigio de la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, se remonta a la nacionalización de la petrolera argentina YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que derivó en una condena que obliga a Argentina a pagar más de $16.000 millones de dólares, más intereses diarios estimados en unos $2 millones de dólares.
La clave legal de esta condena no radica en la nacionalización en sí -una decisión soberana que no fue cuestionada por el tribunal- sino en el modo en que se llevó a cabo: el Estado argentino, al expropiar las acciones de la petrolera, no extendió la misma oferta a todos los accionistas, violando una cláusula específica del estatuto de la compañía. Este incumplimiento fue el fundamento del fallo que ahora amenaza con tener serias consecuencias económicas, políticas y diplomáticas.
El caso Petersen, Burford Capital y una cadena de demandas
El conflicto legal comenzó con la demanda presentada por Burford Capital, un fondo de inversión que adquirió en 2015 los derechos de litigio del Grupo Petersen, la firma de la familia Eskenazi que había ingresado como accionista de YPF durante la gestión kirchnerista.
Tras la estatización, YPF dejó de pagar dividendos, lo que derivó en la quiebra de Petersen en España. Burford compró los derechos litigiosos en esa instancia, y presentó una demanda en Estados Unidos contra el Estado argentino por incumplir el estatuto de YPF, que exigía una oferta pública de adquisición a todos los accionistas.
En 2023, la jueza Preska falló en contra de Argentina, sentenciando al país al pago de 16.100 millones de dólares. Ahora, en una nueva resolución judicial, la magistrada ordenó al Estado argentino transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global del Bank of New York Mellon, en un plazo de 14 días. De no cumplirse, el país se expone a nuevas sanciones y embargos.
¿Qué dice la Justicia de Estados Unidos?
El argumento central del fallo de Preska es que las acciones de YPF son libremente transferibles bajo la legislación de Nueva York. Citando la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, la jueza determinó que los bienes de un Estado extranjero que hayan sido utilizados para actividades comerciales en territorio estadounidense no están protegidos por inmunidad soberana.
En ese sentido, señaló que el uso de YPF por parte del Estado argentino para actividades como la cotización en la bolsa de Nueva York (NYSE), el programa de ADRs (American Depositary Receipts) y la colocación de deuda a inversores estadounidenses, constituyen actividades comerciales. Por lo tanto, sus activos son susceptibles de embargo.
Además, descartó que exista un conflicto insalvable entre la legislación argentina y la orden judicial estadounidense, y sostuvo que el país tiene mecanismos legales -como una ley del Congreso o un acuerdo entre partes- para cumplir con la sentencia.
Una tormenta política: Milei vs. Kicillof
Como era de esperarse, el fallo judicial sembró nuevas tensiones políticas en Argentina. El presidente Javier Milei culpó directamente al exministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por haber impulsado la estatización de YPF en 2012 sin respetar los mecanismos legales.
“Haber llegado a esta situación es culpa directa del inútil soviético”, escribió Milei en su cuenta de X, en una serie de mensajes donde acusó a Kicillof de “arruinar la economía argentina” y de “destruir la provincia de Buenos Aires”. El mandatario agregó que su gobierno apelará “en todas las instancias que corresponda” para defender los intereses del país.
Kicillof respondió con dureza. Acusó al presidente de querer privatizar YPF y de estar del lado de los intereses extranjeros. En su declaración, advirtió que la entrega de las acciones pone en peligro uno de los activos estratégicos más importantes del país. “La entrega avanza”, tituló su mensaje en redes sociales, donde acusó a Milei de “elegir ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales”.
¿Qué viene ahora?
El gobierno argentino ya había apelado la sentencia en 2023, pero deberá definir ahora cómo enfrentar la reciente orden de transferencia de acciones. De no cumplir, se expone a embargos e incluso a la pérdida de control sobre la petrolera estatal.
Expertos como señalan que existen recursos legales para cuestionar la decisión de Preska y proponen impulsar una ley del Congreso que impida la cesión de acciones, así como un per saltum a la Corte Suprema argentina, para que defina si el Poder Ejecutivo puede avanzar en esa dirección sin violar la legislación local.
Sin embargo, la pelota ahora está en el campo diplomático, jurídico y político. Las acciones futuras del gobierno de Milei -que ya mostró su intención de avanzar con la privatización de empresas estatales- podrían ser decisivas.
Y de esta manera, el panorama financiero argentino, ya de por sí frágil, enfrenta ahora una presión adicional: un fallo impago de magnitudes históricas y el riesgo latente de perder nuevamente el control de la petrolera nacional.
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