Con el argumento de reducir el gasto estatal, sanear las cuentas públicas y cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ejecutivo puso en marcha las privatizaciones de numerosas compañías estatales que son clave para el desarrollo y la economía de Argentina. La motosierra libertaria vuelve a encenderse y promete destruir los bienes públicos del país.
Desde su asunción el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei dejó en claro su intención de achicar el Estado y reducir su participación en la economía. Su lema “todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar” no quedó en palabras: el 7 de febrero de este año, el Ejecutivo firmó el decreto 67/2025 que abrió la puerta a la venta de empresas estatales y, desde entonces, comenzó una batería de resoluciones que definen el camino hacia su entrega al sector privado.
La privatización es uno de los pilares de la llamada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos“, aprobada por el Congreso Nacional en 2024. Allí se incluye una larga lista de empresas sujetas a venta o concesión, entre las que se encuentran ferrocarriles, empresas energéticas, de transporte, infraestructura e incluso bancos.
Incluso, el Banco Nación (que estuvo en el objetivo privatizador de Milei) abrirá cuentas fiduciarias para que el dinero del producido de los remates pueda ser canalizado directamente y, posteriormente, utilizado para cerrar empresas como Belgrano Cargas.
Belgrano Cargas: Argentina se quedará sin trenes de mercancías
Uno de los casos más avanzados es el de Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa estatal encargada del transporte ferroviario de carga que opera sobre más de 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias argentinas. El pasado jueves 24 de julio, el Ministerio de Economía publicó la Resolución 1049/2025 en el Boletín Oficial, dando inicio formal al proceso de privatización.
La normativa establece la venta de material rodante mediante un remate público y encarga la confección de inventarios, relevamientos de infraestructura, y la definición de condiciones para concesionar las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. El Gobierno considera a la empresa “obscenamente deficitaria” y con una planta “sobredimensionada” de más de 4.400 empleados.
Una vez finalizado el proceso, se procederá a la disolución y liquidación total de la empresa. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para coordinar estas acciones, tiene un plazo de doce meses para concretar la privatización.
AySA: el agua potable, ahora en manos privadas
Otra de las compañías clave en el proceso es Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), encargada de brindar servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La historia de esta empresa es significativa: fue privatizada durante el menemismo y operada por el grupo francés Suez, hasta que en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato y estatizó el servicio.
Ahora, el gobierno de Milei anunció la venta del 90% de las acciones que posee el Estado a través de una licitación pública nacional e internacional. El 10% restante, que está en manos del personal a través de un programa de participación accionaria, permanecerá sin cambios.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el objetivo es incorporar capital privado y mejorar la eficiencia del servicio, aunque el anuncio reavivó el debate sobre el rol del Estado en servicios esenciales como el agua potable.
ENARSA: la joya energética argentina, en venta
También se encuentra en etapa de privatización Energía Argentina S.A. (ENARSA), empresa clave para el desarrollo energético nacional, especialmente en lo relacionado al gas. El inicio del proceso fue oficializado mediante la Resolución 1050/25, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La estrategia contempla la venta de acciones a través de un concurso público nacional e internacional, con un plazo de ocho meses para concretarse. ENARSA había sido relanzada en los últimos años con un rol importante en proyectos como el Gasoducto Néstor Kirchner y la comercialización de gas natural en el mercado interno.
Esta empresa es deseada por muchos capitales privados debido a su rol central y estratégico en el desarrollo energético del país.
IMPSA: la primera privatización de Milei
Una de las privatizaciones más complejas fue la de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), una histórica empresa de ingeniería e infraestructura con sede en Mendoza.
Fundada en 1907, IMPSA fue rescatada por el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández, y fue propiedad conjunta del gobierno nacional y el provincial.
Con la renegociación de una deuda de 570 millones de dólares concluida, el Gobierno nacional oficializó en febrero de 2025 la privatización de la metalúrgica estatal que pasó a ser controlada por Arc Energy, firma estadounidense vinculada al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y parte del consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF).
La operación incluyó el traspaso del 84,9% de las acciones clase C que estaban en manos del Estado nacional y del gobierno provincial de Mendoza desde el salvataje realizado en 2021.
La firma del traspaso se realizó en la sede de la compañía en Mendoza, con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Energía, Jimena Latorre, y el gobernador Alfredo Cornejo, quien participó de manera remota desde Europa.
Las privatizaciones que se vienen
Además de las mencionadas, el Gobierno pretende privatizar otras compañías estatales incluidas en la Ley Bases. Entre ellas se encuentran:
- Intercargo: responsable de los servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos.
- Nucleoeléctrica Argentina S.A.: operadora de las centrales nucleares Atucha I, II y Embalse.
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio: empresa minera dedicada a la explotación de carbón.
- Trenes Argentinos: comprende los servicios ferroviarios de pasajeros.
- Aerolíneas Argentinas: empresa de bandera que es la única que conecta por aire todo el país
El rol de la Agencia de Transformación y la falta de control legislativo
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher, es la encargada de ejecutar los procesos de privatización. Según informó el propio Chaher, “todas las empresas están en algún grado de avance”, aunque anticipó que los llamados a licitación comenzarán recién hacia fines de 2025.
Uno de los problemas que enfrenta el proceso es la ausencia de control parlamentario. La Comisión Bicameral de Reforma del Estado, creada por la Ley 23.696 para supervisar las privatizaciones, lleva mucho tiempo sin funcionar. La oposición ha reclamado su reactivación, pero hasta el momento no hay señales de que eso ocurra.
Privatizar para (re)construir una Argentina sumisa
Argentina enfrenta una grave crisis de reservas, aumento de importaciones y compromisos asumidos con el FMI que requieren liquidez inmediata.
El gobierno de Javier Milei justifica la venta del país en que el dinero obtenido por la privatización de los activos públicos centrales permitirá aliviar las cuentas fiscales y atraer inversiones externas.
Sin embargo, la dimensión ideológica es clara: Milei defiende que el Estado no debe operar empresas ni intervenir en la economía.
Con medios locales.
