La presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, convocó a un plenario de comisiones a las 15:00, y contará con la presencia de funcionarios nacionales.

A pedido del presidente de la comisión de Industria, Alejandro García, se agregó el giro a ese cuerpo, y se sumó así a las comisiones de Legislación General, Defensa del Consumidor y Salud.

En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, García justificó el pedido al señalar que su comisión «tiene competencia para dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo al régimen y fomento de producción industrial».

En el Senado, el proyecto (que tiene como autores a la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al radical Julio Cobos) salió casi por unanimidad, con 64 votos a favor y sólo tres en contra: de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (Frente de Todos), y la riojana Clara Vega (Interbloque Parlamentario Federal).

Se trata de dos provincias con una fuerte actividad de la industria azucarera.

¿Qué implica este proyecto?

• Promueve una selección informada de alimentos.
• Orienta a los consumidores en la compra de opciones de alimentos más saludables.
• Permite modificar las decisiones de compra independientemente del nivel socioeconómico y educativo.
• Brinda información directa para identificar en forma rápida y fácil los productos que contienen cantidades en exceso de nutrientes críticos.
• Contrarresta el efecto positivo que tienen los mensajes de nutrición (“0% grasas trans”, por ejemplo) en la intención de compra.
• Necesita de un menor esfuerzo cognitivo y menos tiempo para tomar decisiones de compra.
• Aplica el sistema de perfil de nutrientes de la máxima autoridad sanitaria de la región: la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
• Ese sistema está basado en las directrices de ingesta de nutrientes de la OMS con evidencia científica.
• Está diseñado para identificar los productos que cuando son consumidos en cualquier cantidad y por cualquier individuo desequilibran la dieta.
• Y tiene un mayor acuerdo con las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

¿Qué países tienen una ley similar?

Algunos países de Latinoamérica tienen entre sus legislaciones, normativas de etiquetados. Entre ellos, están Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Bolivia, México

Chile: En 2016 implementó el proyecto de etiquetado frontal de advertencia. Los productos que cuentan con algún sello no puede ser publicitados a niños menores de 14 años, ni pueden venderse en las escuelas. Su ley también prohíbe el uso de juguetes, personajes y otras herramientas publicitarias en productos que tienen algún sello.

Perú: De acuerdo a la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, en junio de 2019 los productos que superen los límites establecidos ya deben tener los octágonos rojos de advertencia en la parte frontal de los productos.

Uruguay: En febrero-marzo de 2020, los productos que superen los límites establecidos ya deben tener los octágonos de advertencia. Mientras, la industria de alimentos y bebidas está llevando a cabo la reformulación de sus productos para que no tengan los sellos de advertencia o tengan menos.

Ecuador: El Gobierno aprobó en el 2013 el Reglamento de Etiquetado de Alimentos Procesados que obliga a las empresas de alimentos a poner un semáforo nutricional en los alimentos procesados y envasados y les prohíbe atribuir a sus productos virtudes nutricionales o efectos terapéuticos que no tienen. En agosto de 2014, la norma entró en vigencia y Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en implementar el etiquetado semáforo.

México: En el 2015, el país adoptó el etiquetado de la industria alimenticia. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto aprobó las Guías Diarias de Alimentación (GDA), en reemplazo del etiquetado confuso que planteaba la industria alimentaria en México desde 2011.

Bolivia: En 2016 promulgó la ley de alimentación saludable. El expresidente Evo Morales promulgó la Ley 705 de Promoción de Alimentación Saludable, que se enfoca en prevenir enfermedades relacionadas con la mala alimentación como la desnutrición, la obesidad y la diabetes. La norma también fomenta la actividad física y regula la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas.