¿Qué pasó? Juntos por el Cambio repudió hoy “la explícita desobediencia del presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema” por la decisión de no acatar el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

Punto importante. “No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. No vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa”, afirmó el principal espacio opositor en un comunicado. Algunos sectores de JxC acusan al Gobierno de “atentar contra la democracia”, e incluso el diputado nacional Ricardo López Murphy anunció que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

Declaraciones. A su vez, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió hoy que la decisión del Presidente de no acatar el fallo significa “quebrar el orden constitucional”, algo que consideró como un hecho de “altísima gravedad institucional”. “Esto no es en contra de la Ciudad: es en contra de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica en nuestro país, es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo”, manifestó Larreta en conferencia de prensa.

Atenti. Ayer, el Presidente Alberto Fernández sostuvo que el fallo es de “imposible cumplimiento” y consideró que “estamos enfrente de un choque de poderes” porque el máximo tribunal “logró lo increíble”, en referencia al hecho de que una resolución “contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo”. El mandatario también decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar.

Además. Por otro lado, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar herrera Ahuad (Misiones), cuestionaron la decisión de la Corte Suprema. Los 4 mandatarios provienen de fuerzas provinciales y no forman parte del grupo de gobernadores oficialistas que se opuso ayer al fallo de la Corte tras reunirse con Alberto Fernández.

Tené en cuenta. En un comunicado, señalaron: “El traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró que la transferencia original de fondos nacionales a CABA fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial. Esos fondos deben ser distribuidos de forma entre todas las jurisdicciones”.