La información es un insumo vital para la toma de decisiones ciudadanas por lo que si hay mala información, hay malas decisiones. La desinformación no es algo nuevo, ni propio de tiempos electorales o pandémicos, aunque recrudezca en tales circunstancias.
Se desinforma cuando alguien comparte contenidos imprecisos, fabricados, manipulados, engañosos o descontextualizados que fueron diseñados para causar daño, obtener ganancias económicas o simplemente llevar agua para el propio molino. Y la desinformación se viraliza cuando los que difunden ese tipo de contenidos son los responsables de dar (buena) información, que deberían ser confiables, sean medios de comunicación, periodistas u organismos gubernamentales.
Una investigación del Foro de Periodismo Argentino y Thomson Media con financiamiento de la Unión Europea, mostró que sólo tres de sesenta medios digitales argentinos tienen una política de corrección de errores.
Y el ecosistema informativo de la provincia de San Luis no es la excepción. Sólo en septiembre de este año se sucedieron en esta provincia tres casos que conjugan mala información oficial, falta de chequeo periodístico y dudosa intencionalidad.
Falta de vacunas
“Se terminaron las vacunas contra el coronavirus en San Luis” fue el título de una nota publicada por un sitio informativo vinculado a un partido opositor y sustentada sólo en la aparición de un cartel anónimo con un viejo logo municipal en la puerta del vacunatorio local que anunciaba: “No hay vacunas”. Sin embargo, desde muy temprano ese mismo día la información oficial daba cuenta de que se vacunaría hasta el mediodía e incluso acerca de la llegada de más vacunas que daría continuidad al cronograma de inoculaciones. Aún ante los hechos consumados de existencia de vacunas el medio no corrigió ni eliminó la información.
Microcréditos electorales
Un caso en el que la responsabilidad de la desinformación no es de los medios sino del propio Gobierno provincial. Tras la derrota electoral de las PASO, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció un paquete de medidas económicas para la “reconstrucción de San Luis” entre las que figuraba la entrega de microcréditos de 50 mil pesos. En el slide que se mostró durante el anuncio oficial, y que posteriormente se envió a los medios, se informaba la fecha de apertura de las inscripciones. El día indicado una multitud se presentó en la entidad que tramitaría los beneficios, pero los empleados no estaban al tanto y, desconcertados, atinaron a registrar datos básicos de quienes querían solicitar un microcrédito. La escena se repitió al otro día, pero ya no hubo empleados sino un frío cartel por lo que la gente, enojada, decidió cortar una calle. El gobierno debió aclarar que había habido “una confusión”, que aún no se había establecido la modalidad de inscripción ni los lugares donde se haría y que, además, los microcréditos no eran dinero en efectivo, sino una especie de vouchers para canjear en comercios locales que debían también registrarse.
Descontrol en festejos estudiantiles
Después de un año y medio de pandemia se realizaron en una localidad cercana a la capital de San Luis los clásicos festejos por la Semana del Estudiante. Según lo había anunciado días antes el gobernador se hizo sin restricción alguna. La noticia sobre esos festejos que más circuló en la región y en un canal de TV nacional daba cuenta de que la celebración estudiantil fue un “descontrol” a raíz del cual “doce estudiantes fueron internados con coma alcohólico” uno de los cuales estaba “en estado delicado”. Así lo publicó una página informativa de Facebook que tiene más de sesenta mil seguidores y es gestionada por un periodista local, corresponsal eventual de la aludida señal televisiva.
La información era falsa. El director del Hospital zonal informó a medios que lo consultaron, que se había atendido a cinco adolescentes por intoxicación alcohólica uno de los cuales debió permanecer en observación por algunas horas, pero ninguno estaba en estado de “coma alcohólico”. Y hubo más.
Tras los festejos la misma fanpage informó sobre la violación de quince adolescentes de la misma localidad. La única “fuente” de semejante noticia era un tweet de una joven puntana con detalles escabrosos de lo que daba por cierto. Más tarde, el periodista publicó un video con más datos que le habría suministrado alguien que no identificó ni como víctima ni como testigo. Sin embargo, no hubo denuncia alguna ante organismos policiales ni casos de violación atendidos en los hospitales.
Aunque las sociedades perfectas no existen, sería bueno bregar para que toda comunicación gubernamental sea clara, transparente y concordante con las necesidades informativas de la sociedad; y que los medios o periodistas no olviden su rol de servicio, por encima de cualquier interés político o económico.
Por Pablo Oro.
