El Proyecto San Jorge, rebautizado ahora como “PSJ Cobre Mendocino”, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Mendoza, con 31 votos positivos y 13 negativos, y aguarda la votación del Senado provincial, prevista para este 9 de diciembre.
El avance legislativo desató movilizaciones masivas en toda la provincia, reactivó asambleas ciudadanas y volvió a poner en la agenda pública un debate crucial: ¿quién se apropia del agua en un territorio que sufre una crisis hídrica estructural?
Mientras el gobernador Alfredo Cornejo acelera los tiempos para habilitar el emprendimiento en Uspallata, la ciudadanía vuelve a ocupar las calles con una consigna que atraviesa generaciones: “El agua de Mendoza no se negocia”.
La ley 7722, una conquista popular que sigue incomodando al poder
Desde 2007, la ley 7722 es el corazón del modelo de defensa del agua en Mendoza. Nacida de la lucha sostenida de comunidades de General Alvear, Valle de Uco y el Gran Mendoza, la norma prohíbe el uso de sustancias como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería metalífera, y estableció un sistema de control y evaluación ambiental que frenó, durante años, los intentos de desembarco de grandes corporaciones extractivas.
La ley 7722 no solo es una ley: es un símbolo social. Su fuerza quedó clara en diciembre de 2019, cuando el intento de flexibilizarla, avalado por oficialismo y oposición, desató el “Mendoaguazo”, una de las rebeliones socioambientales más grandes de la historia argentina. Miles de personas bloquearon rutas, marcharon en cada punto de la provincia, se encadenaron en Uspallata y lograron lo impensado: revertir una ley ya aprobada.
Aquella victoria marcó un antes y un después. Desde entonces, todos los gobiernos que intentaron modificar el modelo hídrico provincial chocaron con una misma realidad: no existe licencia social para la megaminería metalífera en Mendoza.
San Jorge, el proyecto que resucita cada vez que el lobby minero avanza
Presentado por primera vez a comienzos de los años 2000 y rechazado en 2011, vuelve ahora de la mano del Grupo Solway Investment, empresa con antecedentes de conflictos ambientales en Guatemala. El proyecto prevé la explotación de cobre en la alta montaña de Uspallata, en una zona extremadamente sensible para el equilibrio hídrico del Río Mendoza.
La media sanción aprobada en los últimos días habilita tres elementos centrales:
- La DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del emprendimiento.
- Una Ley de Regalías Mineras del 3%, el mismo canon irrisorio que rige desde 1990.
- La ampliación del Distrito Minero Occidental II de Malargüe, con 27 nuevos proyectos exploratorios.
Diputados detractores al proyecto, como Jorge Difonso, alertaron que la DIA “no cumple la Ley 7722”, que las comunidades afectadas no fueron consultadas y que el Fondo de Compensación Ambiental podría implicar que el Estado, y no las empresas, pague por futuros daños ambientales.
Para los sectores opositores al extractivismo, el avance de San Jorge no es un hecho aislado: forma parte de un plan provincial y nacional de flexibilización socioambiental, que incluye incluso la propuesta del presidente Javier Milei de modificar la Ley de Glaciares para permitir la actividad en zonas periglaciares.
La calle vuelve a hablar: entre ruidazos, cacerolazos y asambleas
Lejos de agotarse en la Legislatura, el conflicto estalló en las calles. En el Kilómetro 0 de la ciudad de Mendoza se realizó un multitudinario “Ruidazo por el Agua”, convocado espontáneamente en redes sociales. Sin los referentes históricos al frente, la protesta mostró que la resistencia es hoy un movimiento descentralizado, intergeneracional y profundamente arraigado.
En San Carlos, cientos de familias cortaron la Ruta 40 con un cacerolazo que recordó al clima social de diciembre de 2019. En Uspallata, vecinas y vecinos marcharon denunciando falta de información técnica, riesgo para el turismo y amenaza directa al modo de vida local. En Tunuyán, General Alvear y el Gran Mendoza se movilizaron y reactivaron asambleas que no se reunían desde la pandemia.
Las advertencias científicas
El punto más débil del proyecto, y el más grave, radica en la cuestión ambiental. Investigadores de la Universidad Nacional de cuyo (UNCUyo), especialistas en hidrología y profesionales del CONICET señalaron inconsistencias técnicas en la información presentada por la empresa:
- La cuenca del Río Mendoza atraviesa una crisis hídrica histórica.
- El Arroyo El Tigre, fuente hídrica clave del proyecto, no tiene caudal suficiente para sostener la extracción planteada.
- Los datos utilizados por la empresa están desactualizados.
- El reciclaje del “90% del agua”, insistido por el gobierno, carece de rigor científico.
- La DIA presenta vacíos en biodiversidad, arqueología, geología y riesgos sísmicos.
A esto se suma un escándalo mayor: un informe crítico del CONICET Mendoza habría sido frenado por autoridades nacionales antes de hacerse público. Para las organizaciones socioambientales, la presunta censura confirma lo que denuncian desde hace meses: la presión política y empresarial sobre la evaluación ambiental.
Un modelo de negocios concentrado y una promesa económica que no convence
El oficialismo sostiene que San Jorge diversificará la matriz productiva y generará empleo. Pero la estructura económica de la minería metalífera muestra otra realidad: la mayor parte de la renta queda en manos de la operadora del yacimiento; las contratistas y proveedores captan una porción mínima; y las pymes locales apenas participan del “derrame”.
Además, las regalías del 3% son simbólicas; los estudios independientes señalan que el empleo prometido está inflado y el Fondo de Compensación Ambiental podría ser un salvataje estatal a empresas contaminantes.
Para una provincia con solo el 3% de su superficie con derechos de riego, y en plena crisis climática, apostar al cobre parece menos un plan de desarrollo y más una dependencia riesgosa de un modelo extractivo volátil y concentrado.
Una decisión política que desborda la lógica partidaria
La aprobación del paquete minero no puede leerse como una decisión aislada del gobierno provincial. Implica alianzas con fuerzas nacionales, responde al avance del lobby minero y forma parte de una estrategia de flexibilización ambiental más amplia.
Sin embargo, cada vez que la dirigencia política intenta avanzar sobre la 7722, ocurre lo mismo: la sociedad mendocina rompe el cerco partidario y sale a defender un límite construido colectivamente.
El Senado, la última barrera… ¿o el primer capítulo?
El Senado provincial, dio despacho favorable a los proyectos de Regalías Mineras, el Fondo de Compensación Ambiental y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino (San Jorge) y Malargüe Distrito Minero Occidental II.
El martes 9 de diciembre, el Senado de Mendoza enfrentará una sesión decisiva. Si aprueba la DIA, San Jorge podría comenzar su fase de construcción en unos veinte meses. Pero incluso si el oficialismo reúne los votos -algo que puede ser probable- el conflicto no terminará.
Las organizaciones ya preparan movilizaciones, acciones judiciales y mecanismos de presión social. Las asambleas se multiplican. La sociedad mendocina, una vez más, parece dispuesta a marcar un límite.
