El sábado por la mañana, Alejandra Rizzo hacía fila en el supermercado Changomás de la ciudad de Villa Mercedes, cuando un policía le impidió ingresar al local con su pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Partidos políticos y organizaciones feministas se manifestaron en redes sociales a través de un “pañuelazo virtual” en contra de esta censura policial.
La vigilancia permanente de las fuerzas de seguridad, fue una de las medidas implementadas por el Ejecutivo nacional -y al que adhirió la provincia- para garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio en el marco de la pandemia de coronavirus. Y tanto poder y autoridad desplegado y aplicado en la sociedad reflejaron consecuencias muy graves como la brutalidad en el trato con los ciudadanos, los arrestos masivos y los excesivos controles en la circulación.
Lo ocurrido a Alejandra, se enmarca en un socavo a la libertad de expresión que representa otro caso más de abuso de autoridad por parte de la Policía de de San Luis. A esto se suman el femicidio de Florencia Morales, ocurrido en la comisaria 25 de Santa Rosa del Conlara y la muerte de Franco, menor de 16 años encarcelado en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes.
Frente a esta alarmante realidad, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) Regional San Luis declaró públicamente no haber obtenido respuesta a las solicitudes de audiencia con el jefe de policía Darío Neira.
Incluso en abril, abogadas y abogados de Movimientos Sociales y Organismos de Derechos Humanos de todo el país hicieron un comunicado para manifestarse contra el “incremento de hechos arbitrarios, violentos y violatorios de los derechos más básicos de la ciudadanía por parte de fuerzas policiales desde el establecimiento de la cuarentena”.
“Es una cuestión patriarcal, racista”
La fila del sábado por la mañana en el Changomás de Villa Mercedes era vigilada por tres oficiales de Policía. “Eran dos mujeres y un hombre. Ellas permanecieron al principio de la fila mientras el oficial hacía el recorrido, cuando llegó hasta el final se paró al lado mío sin dirigirme la palabra”, expresó Alejandra Rizzo en declaraciones a Nox.com.ar.
“Cuando levanté la mirada me pidió el documento, se lo mostré pero como me dijo que no podía verlo bien se lo mostré nuevamente. Cuando me lo devolvió lo guardé en mi mochila y al ver el pañuelo verde en la solapa me dijo que me lo debía sacar para poder ingresar al local”, remarcó.
En respuesta a la orden, Alejandra preguntó al oficial si existía una normativa que le impidiera circular o ingresar al local con el pañuelo. No le respondió y se retiró. “Acordamos con las medidas sanitarias implementadas por el gobierno y no lo cuestionamos, pero si al abuso policial, es importante remarcar esto porque para nosotras el pañuelo verde no es un simple pañuelo sino que significa la reivindicación de nuestros derechos. Entendemos también que es una cuestión patriarcal, racista, porque no solamente se dirigen así a las mujeres sino a los barrios populares”, concluyó.
Un hecho de censura similar ocurrió anterior a tiempos de la pandemia durante las últimas elecciones en San Luis, cuando dos jóvenes integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fueron impedidas de consolidar su derecho electoral por concurrir a su escuela de votación con el pañuelo verde.
La colectiva feminista de Villa Mercedes repudió el abuso que sufrió Alejandra el sábado junto a los actos de los últimos meses, y señaló a través de un comunicado “nos encontramos aisladas pero no calladas, entendemos que nuestras calles son las redes y queremos hacer visible el abuso policial. Nunca más contaran con nuestro silencio”. Al pedido de la colectiva se sumó además el cumplimiento de la Ley Micaela, en la instrucción del personal policial en perspectiva de género.
Casos de abuso de autoridad en la provincia
Visibilizar el impedimento al tránsito con el pañuelo verde resulta imprescindible, porque el autoritarismo infundado manifiesta un posicionamiento político contrario a la lucha por la emancipación de mujeres y disidencias. El reclamo, viene además, porque hasta la actualidad en San Luis se conocieron al menos dos víctimas fatales de violencia institucional.
Florencia Magalí Morales de 39 años, fue detenida en la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara por circular en contramano con su bicicleta. Si bien los oficiales declararon que se había suicidado, la autopsia reveló que en su cuerpo se hallaron marcas de autodefensa.
A los resultados de los estudios, se sumó el testimonio de una médica local que declaró haberla revisado antes de que fuera encarcelada. Según Calderón Salomón, Florencia había colaborado con su examen físico y se encontraba en perfectas condiciones. Esto, suma a la conclusión de que fue herida de muerte en la comisaría.
Otro caso fue el de Franco, un menor de 16 años detenido en Villa Mercedes por el personal del DRIM cuando caminaba por la vereda. Los motivos del personal policial fueron “sospechas de robo” y “posesión de cuchillos”.
Horas más tarde, cuando su madre se dirigió a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia le notificaron que lo encontraron “con la remera asida a su cuello”, en un presunto suicidio. La familia puso en duda esta información e inició las investigaciones pertinentes.
En ambos casos, se expidieron explicaciones al Gobierno de la provincia y accionar concreto sobre las fuerzas de seguridad para impedir más violaciones de derechos.
