El proyecto fue aprobado la semana pasada por Diputados y prevé que el Estado deberá contratar al menos el uno por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
Además, los legisladores tendrán a la vista dos iniciativas presentadas por senadores del oficialismo de similares características cuyos autores son la chubutense Nancy González y la catamarqueña Inés Blas.
Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad (sic) educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley“.
También considera que se entiende por “personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer“.
Otro de los puntos dice que “los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo”.
El proyecto también contempla que las “contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales” y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.
