Un día después del emblemático 28 de junio, cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ a raíz de la revuelta de Stonewall de 1969, y con el fin de convertirse en destino seguro para el colectivo LGBTIG+, España dio luz verde al anteproyecto del Gobierno de coalición conformado por el PSOE y Unidas Podemos, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos del colectivo.
El texto permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, no antes, en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.
La norma, que aún debe pasar por órganos consultivos, volver al Gobierno y de ahí pasar al Congreso antes de su aprobación definitiva, contempla la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para modificar su sexo legal en el DNI, y lo harán en base a la libre manifestación de su voluntad y reafirmarán la decisión ante el Registro Civil a los tres meses.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que en este Orgullo LGTBIQ+ “hacemos historia” al dar lo que ha considerado “un paso de gigante en los derechos LGTBIQ+ y particularmente los derechos de las personas trans”.
Asimismo, el Congreso español quiere que el Gobierno promueva a España como destino seguro para el colectivo LGBTIQ+, incluyendo la realización de un plan de acogida para personas perseguidas en su país por su orientación sexual.
Además, se anima al Ejecutivo a impulsar una investigación en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra los Estados que persigan a los homosexuales.
El texto expresa su solidaridad “con los miles de personas en el mundo que, en pleno siglo XXI, continúan siendo cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados, castigos físicos e incluso, en los casos más atroces, condenadas a muerte, o asesinadas, en razón de su mera orientación sexual o identidad de género”, recogió la agencia de noticias Europa Press.
Asimismo, el documento reconoce la persecución de este colectivo como una forma de “crímenes contra la humanidad”, de modo que llama al Gobierno a promover ante la Fiscalía del TPI “una investigación oficial e independiente de la persecución que vienen sufriendo las personas LGTBI en alguno de los lugares en los que se están violando sus derechos y libertades, en tanto que crimen de lesa humanidad”.
Foto de DPA.
