Entre marchas anticuarentena, banderazos del “Patriarcado Unido Argentino” y los escabrosos datos recolectados por Socorristas en Red, nos cargamos al hombro la carrera por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
La reciente manifestación de grupos fundamentalistas en Córdoba, fue de un colapso indescriptible que cierta humorista argentina catalogó de “estupidez compleja”. El desafío a un sistema de salud ya colapsado, el reclamo incesante de “valores” tradicionales vetustos y excluyentes, se reflejaban con brillantez en banderas y carteles sostenidos sin gracia.
Casi en sincronía, pero en otros límites geográficos, la bolsonarista Sara Winter ordenaba a sectores religiosos manifestarse frente al hospital de Recife, donde practicaban el aborto a una niña de 10 años que había quedado embarazada tras ser abusada por su tío. Parece mentira, pero en Argentina podemos dar cátedra de estas situaciones.
El año pasado una niña de 11 años fue obligada a parir en Tucumán, luego de que su familia hubiera solicitado el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En ese entonces, las autoridades del Hospital Paterson recurrieron a la justicia y difundieron confidencialidades de la menor abusada.
En compañía de la diputada Gabriela Burgos, sectores conservadores averiguaron el sexo del feto e impulsaron una campaña, que junto a complicidades del Ministerio de Salud provincial y del Hospital Materno Infantil de la capital tucumana concluyeron en la gestación y parto involuntario de una víctima de abuso sexual. Llevado a término el calvario, la beba de tan solo 700 gramos –cuyo destino impuesto era ser adoptada- murió la misma noche de su nacimiento.
Obligar a gestar y parir es tortura. A días de la festividad de las infancias, desde Socorristas en Red se relevaron datos que demuestran que en nuestro país niñas de entre 10 a 14 años se convierten en madres en un promedio de tres horas, como producto de abuso sexual e innumerables barreras para acceder a la ILE. Según la Red, “América Latina y el Caribe se posicionan como el segundo continente a nivel mundial con mayor tasa de embarazos en adolescentes”.
¿“ILE”? ¿Para quienes?
La ILE es legal desde 1921, pero fue noticia durante el mes de julio cuando el Ministerio de Salud anunció la adhesión de la legislatura porteña al protocolo nacional para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Una normativa de adhesión nacional, que establece la legalidad del aborto con causales previstas en el Código Penal, tales como violaciones y peligros para la salud integral de la persona gestante.
En Argentina, el acceso a la ILE fue garantizado por la Constitución Nacional, por los Tratados de Derecho Humanos, por el Código Penal de 1921, el Código Civil y Comercial reformado en 2015, por el Fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, y por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo esto no significa que el aborto sea legal, sino que es no punible por causales. El Código Penal sostiene que esta práctica es delictiva y establece una pena de 1 a 4 años de prisión para la mujer “que se provoque su propio aborto” o “consienta que otro se lo realice” (artículo 88).
Por el Fallo F.A.L, emitido en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció que el aborto no es punible en violaciones, y que las provincias deberán tener sus propios protocolos, para conocimiento de instituciones médicas y personal de la salud.
Durante su presidencia, Mauricio Macri derogó la adhesión al protocolo vigente hasta el cambio de gobierno, cuando fue repuesto por el actual Ministro de Salud Ginés González García.
Antes de la adhesión, la Ciudad de Buenos Aires contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente por el amparo que presentaron diversas organizaciones al considerarlo restrictivo. En consecuencia, en la CABA regía un protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En la actualidad las provincias de Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Buenos Aires – CABA inclusive- Entre Ríos y Chaco. Mientras que Formosa y San Juan no presentan adhesión oficial, pero utilizan el protocolo nacional.
Si bien la ILE ya es un derecho en todo el país, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un terreno a conquistar que no está garantizado por la agenda política del gobierno de turno.
