¿Qué pasó? La Justicia Federal de San Luis realizó este jueves 38 allanamientos simultáneos a diferentes sedes de la organización no gubernamental Remar (Recuperación de Marginados), donde se rescataron unas 403 personas.

Punto importante. Los procedimientos se concretaron tanto en la provincia de San Luis, como en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Provincia y Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación que llevan adelante el fiscal federal Cristian Rachid, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En San Luis, los allanamientos se realizaron el pasado martes en el barrio Rawson, en la sede de REMAR ubicada en calle Italia, y en una zona de El Suyuque, entre otros puntos.

Declaraciones. “Se detectaron fuertes indicios de que en Remar había situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales“, informaron voceros judiciales. Durante los procedimientos, que se realizaron durante toda la jornada de este jueves, “se verificaron diversos indicadores de explotación laboral sobre la mayoría de las 498 personas acogidas en las sedes de Remar, ya que se les imponían extenuantes jornadas de trabajo sin ninguna paga en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado”.

Atenti. Del relevamiento que se realizó se concluyó que en la mayoría de los casos, las personas entrevistadas no eran oriundas de la provincia donde se encontraban, se les retenían los teléfonos celulares y documentos personales y tarjetas de débito para la posterior apropiación de asignación de beneficios sociales.

Además. En varios establecimientos, detallaron los investigadores, se encontraron familias con sus hijos, muchos de ellos menores de edad trasladados y sin autorización de sus padres; en algunos casos manifestaron tener que cumplir objetivos de ventas y cumplir largas jornadas laborales. Además, se indicó que las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron no recibir atención médica, psicológica, ni farmacológica.

Tené en cuenta. Tras los allanamientos, el juez federal Juan Esteban Maqueda dispuso la intervención de las sedes, designando a veedores de los gobiernos provinciales respectivos acompañados por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.

Fuente: Télam.