El equilibrio político que sostenía Javier Milei con algunos gobernadores se quebró: en una muestra de unidad, los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño coincidieron en reclamar al Gobierno nacional la restitución los fondos retenidos en concepto de coparticipación, que solo los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sin ejecutar en 2025 son de $360.048 millones, según un informe de la consultora Politikon Chaco. Fue el punto final de una alianza que había permitido al oficialismo avanzar con su agenda legislativa.
La ruptura quedó expuesta en la cumbre celebrada el 23 de junio, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los gobernadores anunciaron que presentarían un proyecto de ley para que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles se distribuyan según los índices de coparticipación vigentes. Actualmente, esos fondos se manejan de forma discrecional desde la Nación y, según denuncian las provincias, el Gobierno ha retenido recursos que les pertenecen por ley.
El faltazo de gobernadores en Tucumán y la reacción de Milei
La tensión se intensificó en vísperas del 9 de julio, el Día de la Independencia, cuando el presidente Javier Milei canceló su viaje a Tucumán, donde se esperaba la reedición del “Pacto de Mayo”. Solo Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) confirmaron su asistencia a la vigilia del día patrio.
Desde la presidencia aseguraron que, por recomendaciones de Casa Militar, el avión del mandatario no podía realizar el viaje Buenos Aires – Tucumán, por la intensa niebla que se registraba en la capital federal. El clima: la excusa perfecta para evitar encontrarse con los gobernadores.
Sin embargo, fiel a su estilo, el Presidente le envió un mensaje a los gobernadores tras el faltazo generalizado y los acusó públicamente de conspirar contra su gestión. “Quieren destruir al gobierno nacional”, declaró en diálogo con Luis Majul por Radio El Observador y agregó “les importa el poder y la de ellos, y este modelo prueba que son parte del problema y no de la solución”.
Y el 9 de Julio una sorpresa en el Jardín de la República: la vicepresidenta Victoria Villarruel llegó a la histórica Casa de Tucumán para las celebraciones. Consultada por la prensa sobre su vuelo en medio de las condiciones climáticas poco favorables, respondió con ironía: “Salí tarde. Tenía ya decidido venir. Muy contenta de estar acá de nuevo”.
Una sesión opositora y un duro golpe para el Gobierno
La sesión especial del Senado del jueves 10 de julio, incluyó iniciativas como el aumento de las jubilaciones del 7,2% más un incremento del bono, la reactivación de la moratoria previsional, la declaración de la emergencia en discapacidad y, finalmente, la redistribución automática de los ATN y del Impuesto a los Combustibles. La sesión se desarrolló con 55 senadores presentes, de 72 en total, quienes votaron a favor de las propuestas.
Pese a los supuestos acuerdos previos entre los mandatarios dialoguistas de no acompañar los proyectos de aumento de jubilaciones, emergencia en discapacidad y ampliación de moratoria previsional, varios senadores que responden a estos gobernadores finalmente votaron a favor. La fractura incluyó a legisladores aliados a Gustavo Valdés (Corrientes) Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), entre otros, quienes desobedecieron el alineamiento con la Casa Rosada. Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Poggi (San Luis) se sumaron a la conversación con Casa Rosada aunque no tienen senadores que les respondan.
El bloque oficialista se retiró del recinto y no participó del debate. Además, cuestionó la validez de la sesión por considerar que se necesitaban mayorías especiales y anunció que impugnará e incluso judicializará los proyectos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado que cualquier proyecto que toque fondos nacionales será vetado.
En respuesta, la senadora por Buenos Aires, Juliana Di Tullio, de Unidad Ciudadana, afirmó: “Yo le apuesto 100.000 a 1 al presidente que nosotros vamos a insistir. Si él veta, nosotros insistimos, porque que tome nota de que los proyectos salieron por unanimidad o por dos tercios. Que tome nota, porque le apuesto que vamos a insistir”.
Los gobernadores avanzan con su agenda
Con esos gestos, el oficialismo terminó de romper el tambaleante puente con los mandatarios provinciales, incluso con los considerados más dialoguistas como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro o Rogelio Frigerio.
Con el respaldo de legisladores propios, los gobernadores buscarán impedir que Milei ejerza su poder de veto. Además, condicionarán el tratamiento de otros temas clave para el Ejecutivo, como la ley de movilidad jubilatoria.
En paralelo, los gobernadores también impulsan el reparto automático del 100% de los recursos del ATN y del Impuesto a los Combustibles, según el proyecto aprobado en el Senado. Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) sostiene que, entre 2024 y 2025, el Gobierno nacional se apropió del 90% de los fondos del ATN, con la nueva ley, ese porcentaje se reduciría a menos de la mitad.
Fondos, ajustes y números en disputa
La tensión escaló con el regreso de las retenciones del 33% a la soja, una decisión criticada por gobernadores del centro productivo. “Es una medida regresiva, que castiga al campo en el peor momento”, afirmó el gobernador cordobés. Pullaro, desde Santa Fe, agregó: “No saldremos adelante con capital financiero ni criptomonedas, sino produciendo más, cuidando mercados y encontrando nuevos. Siempre al lado del campo, siempre al lado de la industria”.
Los gobernadores también cuestionan la caída de los fondos de coparticipación automática, que según estimaciones del propio CFI, podría cerrar el año con una variación de -4%. Atribuyen esta baja a medidas como la eliminación del impuesto PAIS, la reforma del Impuesto a las Ganancias para sociedades y la eliminación de programas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Plan Sumar.
El presidente, en entrevista con Luis Majul, defendió el proyecto del gobierno: “nosotros bajamos impuestos, ellos los suben. Se apropian del esfuerzo de la Nación. Hay una intención clara de romper todo para que a este Gobierno le vaya mal”.
En el plano fiscal, las provincias lograron revertir su situación durante 2024. Según un informe de la consultora Empiria, 21 de los 24 distritos alcanzaron superávit primario, con ajustes del gasto real del 15%. El caso más destacado fue San Luis, que pasó de un déficit del 2% a un superávit del 2,8% del Producto Bruto Geográfico.
Un nuevo bloque de poder
La sesión del 10 de julio no solo fue opositora para el Gobierno nacional, sino también una sesión de consenso, ya que hubo acuerdo entre los 23 gobernadores para reclamar el presupuesto que la Nación está negando pagarles. Luego de 19 meses de gobierno libertario, los gobernadores dialoguistas que aprobaron todas las leyes propuestas por Milei, fueron en contra del discurso de ajuste.
Sadir, gobernador de Jujuy, aclaró que “los proyectos que estamos planteando no alteran para nada el superávit”, y defendió la redistribución de recursos sin afectar las metas fiscales del Ejecutivo nacional.
Sergio Leavy, senador por Salta, afirmó en la sesión del Congreso que “en el año 2024 a Salta le llegaron $420.000.000 menos. ¿Dónde está la plata del impuesto a los combustibles? Si no va a las obras, no va a ninguno de los destinos que dice la ley. Van a la bicicleta financiera; no viene a ninguno de los argentinos. Por eso celebro que los 24 gobernadores se hayan puesto de acuerdo y hayan pedido este fondo, porque quienes le hacen frente a esta crisis son los municipios y nuestras provincias”.
El Pacto de Mayo, firmado en 2024 en Tucumán con gran parte de los gobernadores, será recordado pero solo en una foto. La postal de la Casa Histórica, símbolo de unidad institucional en 2024, fue reemplazada por una imagen de distanciamiento, desconfianza y ruptura. Milei eligió confrontar y ahora deberá afrontar las consecuencias políticas de haber roto con todos.
