La oposición chilena presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados el texto de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera con el fin de llevarlo a un juicio político de destitución por presunta corrupción.
La medida se produce en medio de los señalamientos de presuntas irregularidades por parte del mandatario en la venta de un megaproyecto minero, revelado en los “Pandora Papers”.
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, explicó el diputado socialista Jaime Naranjo, acompañado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Las supuestas irregularidades se remontan a 2010 durante la venta del megaproyecto Minera Dominga, entonces propiedad de la familia Piñera, a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano. La transacción tuvo un valor total de 152 millones de dólares, de los cuáles 138 millones aparecen en un acta firmada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Además, la venta generó controversia debido a que indica que la última cuota del pago estaba condicionada a que la zona no fuera declarada como área de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.
Aunque finalmente esa condición no fue decretada, la decisión dependía de Piñera en momentos en que asumía su primera Presidencia, entre 2010 y 2014, algo que ahora le cuestionan sus adversarios políticos.
De ahora en más, para que el proceso prospere se debe llevar a cabo una votación en la Cámara de Diputados que deberá arrojar una mayoría absoluta con 78 votos, con la cual se determinará si la acusación es viable o no. Posteriormente, el mecanismo deberá pasar al Senado, que en estos casos actúa como jurado para establecer la culpabilidad o inocencia del imputado.
Foto de RFI.
