¿Qué pasó?. El expresidente Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como “autor” de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
Inteligencia ilegal. Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que “prima facie” Macri es “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”.
Prohibición y embargo. El fallo también establece que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de un viaje que realizó a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.
Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”, establece el fallo.
Fallo. El juez Bava, cuestionado por el mismo Macri y dirigentes de JxC, consideró que el exmandatario fue responsable de “haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018.
“Esas acciones (de espionaje) buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”, señaló el juez en el fallo de 171 páginas.
En la misma línea argumentativa, el magistrado federal subrayó que “todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”.
Con Télam.
