Lo hizo a partir de una presentación hecha por el defensor público coadyuvante Mariano Laufer Cabrera, y por eso dispuso que se los vacune salvo indicación médica o negativa del propio interesado.
Según la presentación del defensor, hay un universo de 450 personas que son asistidas jurídicamente por la Unidad que dirige Laufer Cabrera y que se encuentran internadas de manera involuntaria en los efectores sanitarios públicos y privados asentados en la Capital Federal.
En su pedido, el defensor había justificado en base a leyes nacionales y los tratados internacionales vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, usuarias de los servicios de salud mental que se encuentran internadas, así como en las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación.
“Las personas con padecimiento psíquico internadas en efectores de salud mental se encuentran en una situación de vulnerabilidad psicosocial, actualmente agravada por la pandemia por COVID-19“, sostuvo el defensor.
En ese sentido, recordó que los Estados se encuentran obligados a priorizar las acciones de prevención y la atención sanitaria dirigida a los grupos de mayor riesgo.
En el fallo, los jueces Marcela Pérez Pardo y María Isabel Benavente ordenaron la medida a las autoridades ejecutivas de Salud en CABA y en Nación.
