“Necesitamos priorizar la salud por sobre la política. La fundamentación que presentaremos en la justicia es lo mismo que dice el DNU: priorizar la salud, y poner en valor, en jerarquía, el riesgo colectivo“, dijo la ministra en rueda de prensa en Casa de Gobierno.
La funcionaria explicó que las medidas tomadas se focalizan especialmente en el AMBA dado que en ese espacio geográfico se vio un “aceleramiento en el número de casos” que ha sido “exponencial” y que pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema de salud.
“La Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia iniciada el 3 de marzo del año pasado“, afirmó la funcionaria.
En ese marco, aclaró que la suspensión de clases presenciales se da sólo en el espacio que comparten la Ciudad de Buenos Aires y los distritos bonaerenses que la rodean, que tiene una motivación “sanitaria” y que “no se contrapone con ningún otro derecho”.
“El mensaje para las personas es que la fundamentación es priorizar la salud“, dijo la ministra y explicó que hay que “poner en valor el riesgo colectivo” que existe y que “no estaba vigente cuando se iniciaron las clases”.
Por ello, insistió con que “no se trata del riesgo individual” que se asume al asistir a un colegio con protocolos sino el peligro que supone “la movilización de las personas” que se genera al trasladarse en un espacio con alta circulación viral.
“Esta medida se toma en AMBA porque es el epicentro” actual de la segunda ola de coronavirus y “tomando las decisiones acá (por el ámbito metropolitano), se está protegiendo a los argentinos de otras jurisdicciones” dado que la pandemia ha demostrado cobrar fuerza en las áreas urbanas y después trasladarse al interior de las naciones, según dijo.
Por otro lado, señaló que la estrategia “no es que desaparezca el virus”, sino “disminuir la velocidad de contagios y disminuir la velocidad con la que entra la gente a las terapias intensivas”.
Según se informó oficialmente, en dos semanas, la cantidad de distritos “en rojo” desde el punto de vista epidemiológico pasaron de 85 a 158, un aumento del 86%.
“Aunque tenemos el sistema de salud más fortalecido, aunque tenemos el equipo de salud vacunado, tenemos un aumento del número de casos que pone en riesgo el desborde del sistema, tenemos circulación de variantes de preocupación que aumentan la transmisibilidad y la letalidad”, explicó.
Respecto de la capacidad de respuesta sanitaria, la ministra aclaró que “el sector público ha recibido a todas las personas que lo han necesitado, independientemente de su cobertura”.
La funcionaria también confirmó la “permanente” demanda de insumos por parte de las jurisdicciones, y aclaró que el pedido de respiradores no fue sólo por parte de la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción que otorgó una parte de esos implementos “al sector privado por la tensión que tiene”.
Por otra parte, Vizzotti se refirió a la confirmación que realizó la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Sacif respecto de la producción en la Argentina de los primeros lotes de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V.
La ministra señaló, al respecto, que se siguen “buscando más y mejores oportunidades” para contar con más vacunas para la Argentina y sostuvo que hay “que ser prudentes” dada “la complejidad del proceso de producción” de estos fármacos.
Por estas horas, esas dosis producidas en la provincia de Buenos Aires están siendo sometidas al control de calidad por el Centro moscovita Gamaleya.
De avanzar de acuerdo con lo previsto en este acuerdo entre privados, se prevé que la fábrica argentina pueda producir cerca de 1 millón de vacunas en junio próximo y la posibilidad de escalar la producción hacia fines de diciembre.
